Jueces y datos fiscales
Sobre como escurrir el bulto señalando al apedreado
Hace algún tiempo, un juez hizo unas declaraciones en que sugería, entre otras cosas, que el gobierno de Catalunya disponía de los datos fiscales de todos sus ciudadanos. Inmediatamente se produjo un tremendo revuelo seguido de la exigencia de investigaciones contra la Generalitat de Catalunya para dilucidar la veracidad de tal afirmación. En línea con el dicho «por la boca muere el pez», el incidente le costo el puesto de senador que en aquel momento ocupaba dicho juez. Todo un escandalo muy en línea, también, con la supuesta perversidad de los catalanistas.
Los que sufrimos cada año el trámite de la declaración de renta, estamos acostumbrados a casillas con títulos como “Comunidad autónoma”, “importe estatal”, “importe autonómico”, “cuota estatal”, “cuota autonómica”, etc., y en el caso de Catalunya, vemos que la parte de pastel autonómico iguala o incluso supera la estatal. Por ello, en nuestra ingenuidad, algunos dábamos por supuesto que los gobiernos autonómicos disponían de estos datos en lo referente a sus ciudadanos, y además de forma absolutamente legal a no ser que supongamos que las autonomías aceptan unas liquidaciones de unos impuestos compartidos sin conocer su origen o lo correcto de su cálculo.
Según las declaraciones de dicho juez, ello no seria así. O, mejor dicho, sí que se disponía de tal información, pero de manera ilegal. Aquí caben dos posibilidades: o bien el error del ex-senador es que sí que era legal, y en este caso este señor hubiese tenido que dimitir no por bocazas sino por -siendo juez- atribuir carácter delictivo a algo que no lo era; o bien la Generalitat de Catalunya disponía efectivamente de estos datos, pero de manera ilegal.
En este último caso, resulta chocante que el clamor político, mediático y popular (¿y también judicial?) se alzase contra la Generalitat. Veamos, si son datos confidenciales también para las administraciones autonómicas ¿quién es el responsable de su custodia? Evidentemente, la Agencia Tributaria. Por tanto, este clamor y petición de explicaciones hubiese debido dirigirse a la Administración del Estado, que seria donde estaría la irregularidad al haber permitido una fuga masiva de unos datos que está obligada a proteger.
Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Pero es lamentable que en este caso las víctimas de este despropósito tragasen el sapo con tanta facilidad. El mundo al revés.
(R1/2018)