El pacto de los 10 años. Una propuesta de salida al conflicto catalán.

Reconozcamos la evidencia: ni el independentismo catalán ni el estado español están en condiciones de resolver el actual conflicto a favor de cualquiera de sus posiciones. Ni un 155 indefinido, ni sucesivas desobediencias, ni cargas policiales, ni querellas continuadas, etc. pueden hacernos avanzar; solo enquistaran y agravaran el conflicto.

Es paradójica la continuada elevación a los altares de los padres de la Constitución, a la vez que se menosprecia el porqué de lo que hicieron. Algún motivo debieron tener para parir el engendro del estado de las autonomías, con su café para todos (menos alguno con tratamiento VIP), cuando seguro que fueron perfectamente conscientes que eso de imponer el autogobierno a una mayoría que jamás lo había pedido seria una continua fuente de despilfarros e ineficiencias ¿Porque lo hicieron? Evidentemente, porque intuían que, sin resolver el encaje de Catalunya y Euskadi en el entramado político del estado, España no tenía futuro posible.

Ahora, curiosamente, algunos pretenden “centralizar” precisamente a aquel que eran la base, el fundamento y motivo principal de la descentralización. Genial. A la vez que, justificadamente, apelan la extemporaneidad de ciertas reivindicaciones históricas en relación con la conquista de America, ¡pretenden aplicar métodos propios de la reconquista en conflictos actuales!

¿Existe solución? Naturalmente que no. La única salida es un pacto, una tregua, que permita clarificar posiciones, y avanzar hacia una segunda oportunidad, ya sea de convergencia, o de separación, pero con unas posiciones mucho mas claras por ambas partes. ¿Es esto posible en el actual marco constitucional? Creemos que sí, pero con un estricto cumplimiento de la Constitución POR AMBAS PARTES.

¿Cuál es la propuesta? Una tregua de 10 años, en que ambas partes se comprometen a cumplir lo que establece la Constitución, donde el terreno de juego se limita exclusivamente a los poderes legislativo y ejecutivo, dejando al margen (e incluso prohibiendo su intromisión) al poder judicial.

¿Qué quiere decir cumplir la Constitución por ambas partes? Por el lado de la Generalitat no hay muchos problemas; ya son legión los temas en que se la ha requerido más allá de lo que establece la propia Constitución, así que basta con el “business as usual”.

El tema central es el Estado “central”. Cumplir la Constitución quiere decir respetar estrictamente el reparto de competencias que establecen Constitución y Estatutos. Así, si una competencia es exclusiva de una de las partes, la otra viene obligada a quedar al margen. Si el turismo es competencia exclusiva de las CCAA, ningún ministerio de Madrid ni ninguna partida de los presupuestos del Estado puede contener el concepto “turismo” o “política turística”, y todos los recursos que en España se dediquen a tal actividad económica deberán haber sido transferidos a las CCAA. Y nada de “coordinar”. En todo caso, que sean los propios titulares de la competencia quienes se coordinan sin interferencias, que no son discapacitados que requieran supervisión.

Son imaginables las reservas de algunos ingenuos que aun creen en eso del “adoctrinamiento” en la escuela catalana, no obstante la evidencia experimental de la cantidad de gente mayor que estudiaron FEN (Formación del Espíritu Nacional) y la verdadera historia de España (esa de Don Pelayo y la España unificada desde la época de los neandertales), y después resulta que son independentistas radicales. ¿Dejar que cada CCAA gestione sin interferencias todo lo relativo a educación? El caos, vamos. Pero no se preocupen, en Liechtenstein no parece que la gente salga idiotizada o pueblerina, más bien lo contrario.

Precisamente el tema de la educación es donde mejor aflora el núcleo central del problema: el concepto del RESPETO. Creer que los gobiernos regionales necesitan una supervisión sobre como gestionan algo como la educación, y en especial los contenidos, evidencia la desconfianza, ergo falta de respeto, sobre la capacidad de la otra parte. Ciertamente hay zonas de conflicto, por ejemplo, para garantizar la movilidad de estudiantes entre territorios, pero esto ya esta resuelto a nivel mundial con una serie de pruebas o exámenes que certifican las capacidades y conocimientos comunes exigibles. Que nadie se preocupe, si resulta que el conjunto de estudiantes de una determinada zona quedan sistemáticamente en mala posición en estas pruebas, ya se cuidara el gobierno regional correspondiente de actuar para evitar que lo echen a la calle en las siguientes elecciones.

Y dejemos de hacer el ridículo con la inmersión lingüística: si los estudiantes de Catalunya resultan tener una nota por encima de la media española en las pruebas de castellano de selectividad, quiere decir que la inmersión no es ningún problema. El problema estaría en todo caso en las CCAA monolingües cuyos estudiantes están por debajo de la media…

Podríamos extendernos mucho mas en detallar aspectos concretos de esta propuesta, pero ahora lo esencial es el concepto: durante 10 años (dos legislaturas y media) ambas partes acuerdan ceñirse a lo que establece la Constitución actual, detallando claramente el reparto de competencias según sea exclusivas de una parte, o compartidas -y en este caso que corresponde a cada uno- y las reglas de juego en relación con cómo se reparten los recursos. Tras 8 años, el pacto es revisado a efectos de que en los 2 últimos años pueda pactarse el camino posterior a seguir.

No somos tan ingenuos de no ver que lo anterior suena a una especie de renegociación del (o de los) estatuto(s) de autonomía. Pero la cosa es mas simple, no es necesario cambiar mucho, tal cual con los textos actuales, y con los presupuestos de p.ej los últimos diez años, se revisa la situación. Volviendo al ejemplo del turismo, el Estado deja de intervenir en esta cuestión, y transfiere o recoloca todo su personal dedicado a ello. Se revisan los presupuestos y todas las partidas que ha gastado en los últimos diez años al respecto, transfiriendo su montante integro a las CCAA (para evitar discusiones, p.ej. en base al % de población).

También esta claro que muchos casos se complican por el entramado legislativo existente, con leyes de “bases” que se han usado abusivamente para descafeinar e injerirse en competencias autonómicas en aras a una supuesta “igualdad entre españoles” que solo es una excusa para aplicar la ley del embudo: ancho para mi y estrecho para ti. Tenemos asimismo ejemplos como la ley de dependencia, uno de los más flagrantes casos de deslealtad del Estado, que legisla en temas competencia de las CCAA y después se desentiende de financiarlo, dejándoles a estas el marrón de apechugar con los costes. Este pacto de los 10 años debería -al menos en los casos que se fijen a partir de un determinado umbral- clarificar como se gestionan estos temas durante la tregua.

Un pacto de este tipo tiene la ventaja que no supone a priori sobrecostes. Además, puede ser aplicable y suscrito por otras CCAA, sin que pueda hablarse de privilegios; tan solo se trata de clarificar que hace cada parte y comprometerse a no pisarse mutuamente el terreno. Así, podría denominarse “Pacto de los 10” no solo porque se refiere a un lapso temporal, sino también porque lo suscriben 9 CCAA además de Catalunya.

Ciertamente, plantear algo que de facto implica la desaparición de ministerios como el de educación, el de sanidad, asuntos sociales, igualdad, etc. es un trago difícil de asumir. Pero ¿no dicen que la unidad de España esta por encima de todo? Pues es hora de demostrarlo.

Si el Estado es capaz de cumplir un acuerdo de este tipo, jugando con la debida honestidad y lealtad, seguramente tras los 8 años el porcentaje de independentistas se habrá reducido notablemente, y la parte catalana deberá asumir sin problemas la renegociación de un pacto autonómico, confederal, o lo que sea, claramente ligado al Estado español.

Si por el contrario, el estado español sigue con su estrategia de pillo marrullero que menosprecia a la otra parte, continua aspirando a mandar en vez de gobernar, y sigue considerando a España como su cortijo particular en que hace y deshace a su antojo, y a los presidentes de CCAA como “delegados”, el % de independentistas pasara a ser claramente mayoritario, con las consecuencias correspondientes.