Masters y regalos

Masters y regalos

Nuevo episodio de artillería apuntando el grueso de las baterías al objetivo equivocado. En este caso, por la supuesta irregularidad en la obtención de un título oficial en una universidad pública. El escandalo se concentra en la persona a quien –siempre supuestamente, como en todo el presente texto- se le adjudico un master universitario presencial tras una matriculación irregular, sin asistir a las clases, sin trabajo de master, y tras modificar a posteriori algunas calificaciones.

 

No entraremos en si el político en cuestión debe o no dimitir. En un país donde los que continuamente apelan a la legalidad coleccionan tal cumulo de irregularidades, corruptelas, nepotismos, amiguismos, falsedades, etc –dime de que presumes y te diré de que careces- realmente es un tema menor. Feo, pero menor. Para empezar, porque tal titulación universitaria poco tiene que ver con su función; en política hemos visto infinidad de casos de altos cargos sin ninguna cualificación, y sobre todo, porque tal “regalo” debería ser cuestionado únicamente si se demuestra que fue condicionado a algún tipo de “favor” irregular, ya sea un concurso público, una subvención, algún cargo o empleo público…

 

En la primera cuestión, no se trata de, por ejemplo, un médico, o un arquitecto, en que un título irregular sí que inhabilita claramente para el ejercicio de la profesión y debe ser perseguida penalmente, directamente sobre el titulado fraudulento. O cuando, ¿recuerdan el caso de un director general de la Guardia Civil?, la persona se atribuye una titulación que nadie le ha otorgado. En el presente caso, parece claro que cierta universidad otorgo efectivamente el titulo objeto de la controversia. Lo más sorprendente seria, tal vez, qué necesidad tenía la persona en cuestión de lucir, o presumir, de un título que sabía que había sido obtenido inmerecidamente ¡Con lo fácil que hubiese sido limitarse a enmarcarlo y colgarlo en una pared de su casa para decorar!

 

Por lo que se refiere a regalos, o donaciones, resulta preocupante la frivolidad con que ciertas personas o instituciones son enviadas directamente a la hoguera, con paseíllo y capirote previo, sin que se demuestre ningún tipo de contraprestación irregular por parte de nadie. Resulta que si alguien te envía una botella de vino por Navidad y tienes la mala suerte que sea un caldo exquisito de precio desorbitado, aun si tu saberlo y haberlo utilizado en la preparación de un guiso- un juez te condena y encima te hace pagar  algo que jamás de la vida habrías comprado. ¿Y que pasa con las ONGs y los patrocinios? ¿No reciben donaciones? Y para los malpensados que dan por supuesto que nadie recibe un vino caro si no es a cambio de algún favor irregular, además de ignorantes de cómo funcionan las cosas, les diremos aquello de “piensa el ladrón que todos son de su condición”.

 

Volvamos al master y el revuelo político montado. Sorprende la superficialidad con que se trata la grave responsabilidad de la universidad afectada y las personas que intervinieron en el asunto. Todo supuestamente, evidentemente. Primero, se cambian un par de notas, de “no presentado” a notable, por parte de alguien que no está claro que pudiese hacerlo, y siguiendo instrucciones que tampoco está claro si estaban legitimadas para ello. Aquí, un punto a favor de la universidad: el sistema informático registró la persona y circunstancias en que se realiza este cambio. Poco a poco nos vamos enterando de nuevas irregularidades: matricula fuera de plazo, no presencia en las clases, y finalmente un trabajo de master fantasmagórico del que no se sabe si esta, o se le espera, o si se presentó en plazo, o después, ni si fue defendido, ni si el tribunal estaba debidamente constituido, ni si requirió una nueva matriculación posterior, o no. Aparentemente algunas firmas son de atribución dudosa. Es difícil encontrar semejante cumulo de incógnitas en algo que, normalmente, es bastante diáfano y hace sudar únicamente al estudiante que aspira a la graduación.

 

Existen dos modelos universitarios, que podríamos caricaturizar como el “publico”, y el “privado”. En el primero, casi todo está tasado: requisitos de entrada, contenidos, duraciones, acceso de profesorado, oposiciones, tribunales, precios, sueldos, y un largo etcétera. En el segundo, casi todo va por libre. En el primer modelo, aunque resultan evidentes las diferencias entre universidades, el valor esencial es el título en sí. En España el primer tipo es el caso, por ejemplo, de medicina, o ingeniería. Si eres licenciado en medicina, nadie cuestiona si es por la UB o la UAB, si por Barcelona o Madrid o Bilbao. Ejemplos del segundo tipo serían las escuelas de negocios, donde un MBA es muy diferente si es del IESE, o IE, o ESADE, u otra institución, como muestran claramente los rankings internacionales al respecto. Se trata más bien del modelo anglosajón; en los EE.UU., por ejemplo, es mucho más importante la universidad en que has estudiado que el propio nivel del título.

 

Es en este aspecto en el que radica la gravedad del asunto: el modelo “público” se sustenta en la confianza que la titulación obtenida responde a una serie de hitos necesarios que son los que le confieren su valor. Si se demuestra que esto no es así, que “alguien”, ya sea rector, profesor, o personal administrativo, puede alterar a su antojo los requisitos como favor a personas importantes, estamos volviendo al modelo del siglo XIX en que incluso se admitía que los aristócratas holgazanes contratasen personas inteligentes para hacer la carrera y obtener el título en su nombre.

 

Por lo visto habrá comisiones de investigación parlamentarias. Es decir, veremos un nuevo pim-pam-pum partidario donde la “verdad” es absolutamente irrelevante puesto que lo único que se persigue es desgastar al oponente. En cambio, sorprende la falta de reacción de las autoridades educativas competentes en relación a la universidad que otorgo este título. La universidad en cuestión anuncia una “investigación interna”. No, oiga, nada de interna. La investigación tiene que ser externa, a fondo, y con exigencia de responsabilidades, y en su caso las penalizaciones que correspondan, a todos los implicados. No sirve apelar a la “autonomía universitaria” en esta cuestión, ya que afecta a todo el modelo. En nombre de los millones de personas que han dedicado miles de horas de sus vidas en carreras universitarias, tanto alumnos como docentes e investigadores, es exigible llegar al fondo del asunto y actuar en consecuencia.

 

Este debería ser el auténtico objetivo del grueso del revuelo mediático que ha desencadenado este triste asunto. Lo de la dimisión es más bien un asunto de dignidad, y dignidad y dimisión son para muchos de quienes mandan en España, un oxímoron.