SEPARACION DE PODERES
O sobre los graves riesgos de la instrumentalización de la justicia
Separación de poderes es asimismo un oxímoron. Por definición, el poder es gaseoso; es decir, tiende a expandirse hasta ocupar todo el espacio disponible. De hecho, todo poder intentará penetrar en cualquier resquicio que se le ofrezca, por muy ajeno que pudiese serle.
Ello no obsta para que, en democracia, esta tendencia deba ser contrarrestada por el necesario equilibrio entre los distintos poderes facticos, al igual que debe suceder en relación a la política democrática y la economía liberal. Cuando este equilibrio se rompe, empiezan a aflorar patologías diversas, como estamos sufriendo actualmente en España. El haber además delegado un tema político –responsabilidad pues del poder ejecutivo-, en manos del poder judicial era ya lo único que faltaba a este último para arrogarse una capacidad plenipotenciaria de intervenir en cualquier asunto sin necesidad de rendir cuentas a nadie de sus actos.
Resulta chusco, por ejemplo, oír a un miembro del estamento judicial español criticar el debate en el Parlamento Europeo sobre la controvertida sentencia de la violación de “la manada”, argumentando que la necesaria separación de poderes convierte tal debate en una injerencia indebida. ¿Cómo calificaría pues este mismo individuo las constantes ordenes desde el poder judicial a parlamentos autonómicos en relación a disolución de grupos políticos; o en relación a los temas que se pueden o no debatir; o a la posibilidad de delegación de voto de los diputados; o a la investidura de parlamentarios con todos sus derechos vigentes; o a la necesidad de la presencia física para una investidura? En física, o más concretamente en electrónica, esta asimetría entre supuestos independientes se llama un diodo: permite la circulación de corriente en un sentido pero la bloquea en sentido contrario.
Pero una sociedad no es un circuito electrónico. Una sociedad sana debe aislar correctamente aquellos compartimientos que requieren ser estancos para conservar su legitimidad. Y cuando alguno de los poderes pretende cortocircuitar algún oponente usando corrientes ajenas, corre el peligro de electrocutarse. Es lo que ha sucedido con la política estatal en su uso del poder judicial.
No se trata ya solo de discutir lo peregrino de algunas decisiones. Por ejemplo, en el tema del carácter necesariamente presencial del candidato en una investidura. Supuestamente es inconstitucional y antiestatutario. Nos ha sido imposible encontrar en que artículo de cualesquiera de ambos textos se recoge tal imposición. Debe suponerse que se deduce de la necesidad de debate y contraste de ideas entre candidato y diputados. Pero al respecto, entendiendo que la palabra es la base de tal debate –por ello las intervenciones son registradas-, hay que advertir que ya desde hace tiempo tal debate es telemático, a través del sistema de megafonía del parlamento. Habrá que prohibir los micrófonos? ¿No debería ser este tema una clara prerrogativa exclusiva de los propios parlamentos y sus diputados? ¿Qué pinta aquí el sistema judicial?
El drama comienza cuando se intenta obtener en los tribunales lo que no se ha conseguido en las vías ordinarias, sean elecciones, comercio, relaciones humanas, … A riesgo de resultar contradictorios, deberíamos penalizar fuertemente el uso de los tribunales para objetivos espurios, ya sea una compañía de seguros que intenta ahorrarse una indemnización, o un político que pretende forzar lo que no le dan sus votos. Los episodios de las expropiaciones para las autopistas de Madrid, o las obras de arte de Sijena, o las horas de castellano en la educación, y no digamos ya “los delitos de odio” ¡contra la policía! son una muestra de un país enfermo, incapaz de gestionar sus conflictos civilizadamente. Nos contaban hace poco de una gran empresa constructora que tiene muchos más abogados que ingenieros y arquitectos. ¿A que esperamos, a que también en la sanidad haya más abogados que médicos?¿O que en cada aula tengamos un abogado para advertir al maestro si puede hacer algún comentario ofensivo para la familia de alguno de los alumnos?
El problema se ha visto agravado por el hecho que el poder judicial tiene aún pendiente completar la transición de la dictadura a la democracia. Sigue anclado en un principio de autoridad e infalibilidad “divina”, blindado por su potestad de dar órdenes a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y bendecido por un privilegio de inmunidad e impunidad total en relación a las consecuencias de sus decisiones. Así como los médicos, por ejemplo, ya hace tiempo que responden personalmente de los posibles daños de su mala praxis, un juez puede destrozar la vida de una persona y su familia, como ha sucedido y sucede a menudo, sin que, si después se demuestra que el procesamiento era injustificado, nadie deba responder de ello. Lo mismo en relación a los análogamente injustificados e injustificables retrasos en la administración de justicia. Alegar falta de medios es puro cinismo: si un juez puede ordenar la exhumación de Dali, o registros masivos, porque no le sale de las narices hacer una prueba con un pariente vivo o pedir directamente un documento, igualmente debería poder obligar a tomar las medidas necesarias para una ágil resolución de los casos que gestiona.
Esta ausencia de la urgente transición del poder judicial a un entorno democrático y rendición de cuentas es lo que se ha puesto de relieve de manera dramática estos últimos meses. Desengañémonos, el tema Catalunya y la sentencia de “la manada” responden al mismo patrón de arbitrariedad, en que la ideología del magistrado prima sobre la redacción concreta de las leyes que supuestamente aplica. En el primer caso, mediante la imputación de delitos inventados a personas totalmente pacíficas que no han hecho nada que esté tipificado en ningún texto legal como delito. El segundo, suponiendo placeres inventados a personas agredidas salvajemente. En ambos casos, en base una supuesta excusa de “interpretación”, arrogarse prerrogativas legislativas por parte de quien no las tiene. Que la ley dice, sujeto-verbo-predicado, que en determinado delito debe concurrir violencia, pues el juez se inventa que tal vez en el futuro de tales acciones se hubiese podido derivar violencia. Irónicamente, en efecto hubo violencia, pero en ella los colectivos procesados fueron las víctimas, no los agresores! Es como si en la sentencia por la violación la condenada hubiese sido la mujer por haber provocado la violencia de los cinco pobres chicos… Es el riesgo de dotar de poder e impunidad a quien se arroga la misión histórica de salvar la unidad de la patria, o a quien da campo libre a su misoginia y su convencimiento de la perversidad intrínseca del género femenino.
Quien siembra vientos recoge tempestades, dice un viejo refrán español. Es lo que les ha sucedido al ministro Montoro, primero, y al ministro Catalá, después. Y es que si no se corrige pronto este desequilibrio –zapatero a tus zapatos- pronto veremos como la siguiente víctima de esta judicialización de la política, será el propio gobierno central. La utilización espuria por parte del gobierno de jueces y fuerzas policiales para resolver un problema político, además básicamente creado por ellos mismos -¿recuerdan la recogida de firmas contra el estatuto catalán?- se les ha vuelto en contra. Es más, seguramente puede llevar a la desaparición del partido del gobierno, junto con la corrupción. Irónicamente, esta desaparición no sería a manos de alguien que propusiese soluciones al conflicto creado, sino justamente de quien se aprovecha cínicamente del mismo con la única propuesta de aplastarlo. Aviso: jamás en la historia, ningún país ha progresado sin propuestas en positivo; todas las opciones basadas en la confrontación siempre han llevado al desastre.
Que el poder judicial haya intentado expandirse en todos los ámbitos, le sean o no propios, es humano y normal. Lo que no lo es, es que los otros contrapoderes lo fomenten y se lo hayan permitido, delegando lo que serían sus obligaciones, cuando no utilizándolo de forma torticera. Para salir de la actual crisis institucional es imprescindible resituar lo que es propio de cada poder, el ejecutivo, el legislativo, y el judicial, cada uno en sus diferentes niveles, y definir claramente la línea de separación de poderes entre ellos. Al mismo tiempo, es urgente una modernización y puesta al día del sistema judicial español, dotándolo de la necesaria fiabilidad, agilidad, independencia y transparencia exigible en cualquier estado moderno. Sin ello, seguiremos en la senda de involución en que lamentablemente España ha entrado últimamente.